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Exoneración de deudas con Hacienda y Seguridad Social

En esta entrada seguimos dando respuesta a las cuestiones más planteadas acerca de las novedades concursales. Esta vez nos centraremos en resolver algo que sobre todo preocupa a autónomos  y empresarios: exoneración de deudas con Hacienda y Seguridad Social.

¿Entran las deudas públicas en la ley de segunda oportunidad?

La respuesta corta sería que SÍ. No obstante, este tema no es sencillo y conviene para aclararlo valorar la puesta en práctica de la ley desde su aprobación:

1. Aprobación del mecanismo de segunda oportunidad en España (2015)

Desde su publicación, ha existido un intenso debate entre los operarios jurídicos sobre si el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) comprendía las deudas de Derecho Público. Numerosos juristas rechazaban esta inclusión, con lo que la mayoría de empresarios veían, que tras pasar por el proceso no conseguirían solucionar el grueso de sus problemas.

La incertidumbre sobre ello no sorprende, ya que la ley le da privilegios a las Administraciones Públicas de los que no gozan los acreedores privados (bancos, entidades de crédito, otras empresas o particulares). Entre ellos, se permite a los acreedores públicos continuar con los embargos sobre el deudor hasta llegar al concurso, a pesar de haber iniciado ya el preconcurso. Asimismo, la redacción del artículo 91 de la Ley Concursal ocasiona dudas acerca de cuánto se considera crédito con privilegio general, lo que lleva a numerosos juzgados a considerar todo el monto pendiente como crédito no exonerable.

Sin embargo, la redacción específica del artículo 91 de la Ley Concursal, así como la del 178 bis. 8, aclaran que estas deudas pueden ser canceladas también, aunque requieren de un plan de pagos posterior a la exoneración del resto de créditos. Atendiendo acertadamente a esta apreciación, comienzan a resolver en tal sentido, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (resolución de 21 de septiembre de 2016) o el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (resolución de 24 de julio de 2017, conseguida por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento).

El dilema parece que se soluciona en 2019 cuando se da el siguiente suceso…

2. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 concediendo exoneración de Deuda Pública

El hecho de que los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil, así como las Audiencias Provinciales, no se pusieran de acuerdo en la concesión de la exoneración de la Deuda Pública hizo que el Tribunal Supremo tuviera que pronunciarse al respecto.

En este sentido el Tribunal Supremo resolvió, haciendo una interpretación sistemática no solo de los preceptos concursales donde se regula la exoneración y la calificación de los créditos, sino atendiendo a la finalidad de la Ley 25/2015 por la que se aprueba el mecanismo de segunda oportunidad. Trae a colación el preámbulo de este texto legal, el cual en muchas ocasiones parece quedar en el olvido (por algunos administradores concursales, juzgados y administraciones públicas). Así se pronuncia nuestro máximo tribunal en el Fundamento de Derecho Cuarto, apartado nº 4:

«Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer».

Resumiendo, los magistrados «dan un repaso» a la Administración Tributaria y recalcan qué créditos son exonerables en la conclusión del concurso y cómo se procede al pago del resto de la deuda pública pendiente.

Se exoneraría así directamente:

  • Intereses de la deuda pública
  • Sanciones
  • Recargos
  • La mitad del principal de dicha deuda

El restante 50% del principal se llevaría a un plan de pagos post concursal. Este se abonaría en cinco años (sin que devenguen interés), en los cuales el deudor solo estará obligado a pagar la mitad de su embargable legal de forma mensual. De este modo, es posible que el deudor ni siquiera tenga que pagar una cantidad determinada al mes.

Transcurridos esos 5 años, si algo quedara pendiente (siempre que se hubiera pagado ese mínimo expuesto anteriormente), quedará exonerado definitivamente.

El último hito al respecto de esta lucha del mecanismo de segunda oportunidad con los créditos de Derecho Público llega en 2020…

3. Nueva norma: Texto Refundido de la Ley Concursal

En mayo de este año 2020, se aprueba el nuevo TRLC , cuya entrada en vigor comienza en septiembre. Este ha hecho saltar las alarmas de numerosos afectados por sobreendeudamiento con Administraciones Públicas. Sobre todo, lógicamente empresarios y ex-empresarios.

La polémica surge en tanto en cuando la nueva norma recalca que la extensión de la exoneración, tras haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos y haber cumplido con todos los requisitos (principalmente, ser deudor de buena fe) de los nuevos artículos 487 y ss. TRLC, no parece cubrir las deudas públicas (art. 491.1 TRLC).

No obstante, el 50% del principal de este tipo de créditos sigue siendo lo único considerado privilegiado general por la ley (art. 280.4º TRLC). Los intereses, recargos y sanciones siguen siendo subordinados (art. 281 TRLC). Por tanto, deberemos estar pendientes de si se sigue manteniendo el criterio establecido en 2019 por el Tribunal Supremo o si varía. No debemos dejar de tener en mente que un Texto Refundido no es una norma que crea nueva materia, sino una aclaración y depuración de una normativa dispersa.

En cualquier caso, la buena noticia es que el plan de pagos posterior al concurso a cinco años no ha sufrido variaciones y el artículo 499 TRLC se encarga de confirmarnos que LA DEUDA PÚBLICA QUEDA EXONERADA DEFINITIVAMENTE TRANSCURRIDOS ESOS CINCO AÑOS. Es lo que miles de autónomos y empresarios querían aclarar antes de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

4. Conclusión y resumen

Si tiene deuda pública y no puede afrontarla, puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Este tipo de créditos son especiales y la ley concursal no es la más clara posible, pero se puede librar de pagar esa deuda eterna a Hacienda y Seguridad Social. Tener abogados especialistas en esta materia es lo que marcará la diferencia y proporcionará un mayor porcentaje de éxito. Desde AEF te animamos a que nos contactes sin compromiso. Gratuitamente un profesional cualificado y especializado estudiará tu asunto.

 

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